Extracto: Informe del Examen Periódico Universal sobre la Frontera Energy en Colombia

(páginas 26 a 29)

Bloque Cubiro

I. Información resumida del caso:
Nombre del proyecto: Explotación y exploración de hidrocarburos Bloque Cubiro

Ubicación: Veredas La Venturosa, Platanales, La Nevera y El Tigre, municipio San Luis de Palenque (Casanare – Colombia)

Empresas involucradas: Frontera Energy

Entidad financiera: –

Sector: exploración y explotación de Hidrocarburos

Ambiente natural impactado: Ecosistema de llanuras aluviales de la Orinoquía colombiana

Principales abusos de DDHH: Derecho a la libertad de asociación sindical; derecho humano al ambiente sano; derechos económicos, sociales y culturales; derecho al trabajo; derecho a la libertad y la seguridad personales; derecho a no ser detenido arbitrariamente y a un juicio justo e imparcial.

II. Breve descripción de la relevancia del proyecto:
La empresa petrolera canadiense Frontera Energy se ha ubicado en el territorio llamado Bloque Cubiros en el municipio de San Luis de Palenque, en las veredas Platanales, Venturosa, Nevera y El Tigre por más de quince años, realizando la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos; durante este periodo ha realizado graves atropellos en contra del territorio, del ambiente y de las comunidades allí vivientes.

III. Principales abusos a los DDHH:
Derecho a la protesta: El día 27 de noviembre de 2018, en horas de la madrugada, fueron detenidas 8 personas defensoras en el municipio de San Luis de Palenque, Casanare28. Estas personas habían participado como negociadoras de un pliego de peticiones, en el contexto de las protestas pacíficas realizadas por esa comunidad durante los años 2017 y 2018 debido a los incumplimientos de la empresa Frontera Energy (antes Pacific Rubiales o Pacific Exploration & Production). A pesar de haber firmado un acta en la que la empresa se había comprometido a no acusar judicialmente a la comunidad que protestaba ni ejercer retaliaciones contra ella.

Sin embargo, el 16 de noviembre de 2018, once días antes de la detención, la empresa suscribió el Convenio No. 18-014 con el Ministerio de Defensa Nacional, en la cual el Ejército Nacional se compromete a brindar una especial protección a las áreas de interés de la empresa, a cambio de unos aportes que la empresa realizó por un monto de $2.152.974.695 durante un periodo de trece meses. Tan solo tres días después, suscribió un nuevo convenio, el Convenio No. 18-017 con el Ministerio de Defensa Nacional29, para los mismos propósitos, esta vez por un monto de $2.340 millones a ejecutarse en un plazo de un mes y doce días, tiempo suficiente para construir un caso de una supuesta estructura criminal e incriminar a los manifestantes, causa judicial en donde el señor Julián René Gómez, jefe de Responsabilidad Social de Frontera Energy en la zona, actuará como testigo contra los líderes sociales en el proceso judicial. Estos líderes sociales hoy se encuentran libres, pero siguen vinculados a los procesos jurídicos.

Derechos a un medio ambiente sano: Frontera Energy no realiza mantenimiento vial, según se establece en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por lo cual la comunidad, sus viviendas y sus rebaños se ve expuestos a la absorción de partículas de polvo, situación generada por el cambio climático, traducido en el hecho de que la época seca (los veranos) son recios y duraderos; además, el agua con que riega la empresa, es contaminante, porque es un agua industrial, separada del petróleo con residuos pesados, que han causado daños y perjuicios a personas y rebaños, ya que el agua de consumo humano y animal proviene de pozos profundos y superficiales y ni Frontera, ni los entes obligados han realizado ningún tipo de estudio; la misma agua que usan para regar la vía tampoco es suficiente para mitigar el impacto; por otro lado, los mantenimientos periódicos que deben realizar a la vía son inapropiados y de muy baja calidad.

Según un acta firmada entre la empresa Frontera Energy y la comunidad el día 31 de enero de 2018, ésta se comprometió a realizar un aporte de $2.500 millones de pesos para pavimentar la vía, cifra inferior a la que 10 meses después la daría al Ministerio de Defensa para judicializar a los líderes sociales; hasta 2023, sigue sin desarrollarse esta obra.

Frontera Energy ha abandonado varios pozos indebidamente, tales como Mapache, quedando llenos de residuos de aceites y químicos tóxicos, tanto de perforación como de producción, que, a lo largo del tiempo se han venido vertiendo en las sabanas o llanuras donde se alimentan las ganaderías, causando enfermedades degenerativas y muerte de semovientes, sin que nadie se responsabiliza ni se genere un estudio de los fenómenos que se está presentando.

28 Fundación CSPP (2018) Criminalización de la defensa de derechos humanos en Colombia. La judicialización a defensores de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz. http://comitedesolidaridad.com/infografias/Infografia7v2/
29 Y, posteriormente, el Convenio 18-025: http://rutasdelconflicto.com/convenios-fuerza-justicia/node/57 

Derechos económicos, sociales y culturales:

Frontera Energy no está realizando una inversión social digna, de acuerdo con el presupuesto del recurso extraído; así mismo, las oportunidades laborales son escasas o nulas, al igual que los sueldos que pagan por la mano de obra, los salarios no han sido incrementados y son muy inferiores a los de otras operadoras del sector. Las empresas que actúan como proveedoras de Frontera Energy contratan personal que, en su gran mayoría no es local, generando un impacto negativo en la población.

Adicionalmente, existen unos pasivos ambientales por el deterioro de los ecosistemas de la zona de los cuales no se ha hecho responsable; ni de la inversión forzosa del 1% y compensaciones por aprovechamiento de los recursos bióticos y abióticos, que por ley deben hacerse en el área afectada del bloque, no los ha ejecutado la empresa desde hace 15 años.

Daños y perjuicio a Intercont Service SAS.

Intercont Service SAS es una empresa sanluiseña, que, a principios del año 2018, después de muchos intentos fallidos y de incontables denuncias, por falta de transparencia e irregularidades y malas prácticas en la adjudicación de proyectos y contratación por parte de Frontera Energy (en ese entonces Pacific), por fin logra ganar por méritos un contrato para realizar el mantenimiento de la vía san Luis de Palenque a Copa Uno, una vía totalmente colapsada en el invierno y sin buen manteniendo.

Con trabajo duro y dedicado Intercont Service logró estabilizar la vía, entre septiembre y principios de diciembre del 2018; una vez terminado el trabajo, tristemente, Frontera Energy y la Estructura de Apoyo (EDA) 135 de la Fiscalía General de la Nación, creada para asuntos petroleros, encarcelaron a los dueños y representantes de Intercont, junto con otros líderes sociales de la región, en total 8 personas, 7 de ellos miembros de una misma familia, bajo “un falso positivo judicial” y un gran montaje de telenovela por delitos muy graves, bajo acusaciones de vinculación con grupos al margen de la ley. Estas personas estuvieron detenidas por casi dos años y luego de múltiples audiencias, pudieron demostrar que no eran un peligro para la sociedad, y obtuvieron su libertad.

Después de este suceso, Intercont y sus asociados quedaron vetados y destruidos comercialmente, porque a Intercont se le ha recriminado, perseguido y señalado de la siguiente forma:

1. Frontera Energy continúa en el territorio, extrayendo y explotando recursos de hidrocarburos, ampliando sus campos, pero, no le permite a Intercont siquiera la más mínima posibilidad de competir como empresa, ni como personas; sin embargo, la población soporta toda la contaminación de emisiones de gases, de partículas de polvo, ruido y del agua que se riega en las vías, dado la cercanía de la vivienda y ganados de pastoreo de esta familia, sustentando que no son merecedores de nada, por cursar un proceso judicial en su contra; proceso que Frontera misma generó.

2. Frontera Energy ha denunciado a los integrantes de Intercont: Miguel Ángel Rincón Santisteban y Carmen Iraida Salcedo Gutiérrez posterior al proceso de judicialización. Según ellos, por injuria y calumnia, aunque no se han presentado en ninguna audiencia, actualmente este proceso está vigente, ya que toda la información ha podido obtenerse solamente por medio de tutelas (amparos). Todo esto se constituye en casos de persecución e intimidación.

3. Debido al proceso, otras empresas como Perenco, con la que antes también Intercont contrataba, no solo retiró los contratos vigentes sin ninguna explicación, sino que tampoco permite que estas personas tengan la más mínima posibilidad de contratar, argumentando verbalmente que se debe al proceso judicial que actualmente cursa Frontera Energy.

IV. Metodología
Este documento se elaboró mediante consultas de las actas firmadas, las respuestas de la Defensoría del Pueblo dirigida a uno de los manifestantes, y las de Frontera Energy, así como por entrevistas a la comunidad, y los datos del informe Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia, FCSPP-COSPACC publicado en diciembre 2019 LA JUDICIALIZACION WEB (1).pdf (comitedesolidaridad.com),

Organizaciones que suscriben el informe: Amazon Watch (Regional), Asociación Ambiente y Sociedad (Colombia), Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador, Asociación Minga (Colombia), AIDA (Regionales), La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Corporación Acción Ecológica (Ecuador), Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos (Internacional), Cospacc (Colombia); Equidad (Perú), Instituto Popular de Capacitación (Colombia), Mining Watch Canada, Mesa por los Derechos Humanos frente al Poder Empresarial de Colombia, PUINAMUDT – Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte (Perú), OXFAM en Perú, Terrae (Colombia), y Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco -UDAPT (Ecuador).