Un artículo de un periódico canadiense informa sobre la preocupación suscitada por las anteriores operaciones de Frontera Energy en Perú

Foto: “El trabajo de Natanael Sandi como monitor medioambiental consiste en rastrear y denunciar la contaminación por petróleo. En esta excursión en diciembre de 2022, se detiene en las oficinas abandonadas de Frontera”. Fotografía de Patrick Murayari.

En un artículo titulado Hollow core, Tavia Grant informa en The Globe and Mail sobre las operaciones de Frontera Energy en Perú.

La empresa, con sede en Calgary, opera actualmente en Ecuador, Guyana y Colombia, donde se ha visto implicada en la criminalización de líderes sociales que expresaron su preocupación por el impacto de las operaciones petroleras de la empresa en la comunidad de San Luis de Palenque.

Grant señala que Perú adjudicó a Frontera operaciones en un área conocida como Bloque 192 en la región amazónica del norte -hogar de los pueblos quechua, achuar y kichwa- en 2015 y que su contrato expiró en febrero de 2021.

Grant destaca: “Las emergencias ambientales en el Lote 192 no han sido infrecuentes a lo largo de las décadas, pero durante el tiempo que Frontera estuvo en la zona, el regulador ambiental de Perú registró 113 de ellas. Aunque puede ser difícil saber cuándo se produjo una contaminación petrolera específica, el agua aceitosa que [Natanael] Sandi [n monitor ambiental del pueblo de José Olaya] llevó a The Globe and Mail se encuentra a pocos minutos en coche de una instalación utilizada anteriormente por Frontera.”

También explica: “Frontera fue golpeada con 33 multas ambientales de la Agencia de Evaluación y Aplicación Ambiental de Perú, entre 2017 y 2022, en parte por derrames y sus posibles impactos en el agua, la flora, la fauna y la salud humana.”

Y señala:

“En 2021, dos relatores especiales de las Naciones Unidas sobre derechos humanos dieron la voz de alarma por la escasez de esfuerzos para limpiar la contaminación petrolera en el bloque”. Décadas de contaminación “han amenazado absolutamente todo lo que estas comunidades necesitan para sobrevivir: sus cultivos, agua, peces, bosques y lugares sagrados”, dijeron los expertos. “Al mismo tiempo, estas comunidades no disponen de instalaciones sanitarias adecuadas para atender adecuadamente sus problemas médicos”.

Ese mismo año, cuando expiraba el contrato de Frontera, la empresa se enfrentó a las críticas de las comunidades de la Amazonia por su historial medioambiental.

Las acciones de Frontera “han causado gran indignación y malestar, así como serias preocupaciones debido al continuo impacto que los cinco años de actividad han generado en nuestros frágiles territorios y comunidades indígenas”, señalaba una carta abierta de los líderes indígenas del territorio a Frontera, añadiendo que esto ha perjudicado la vida de las casi 7.000 personas que viven en la zona.

La empresa declinó la solicitud de entrevista de The Globe con su director general, Orlando Cabrales Segovia, pues dijo que ya no opera en Perú”.

El artículo también incluye una crítica al Defensor canadiense de la empresa responsable (CORE) y destaca que algunas organizaciones no gubernamentales “disuaden activamente a la gente de presentar denuncias”.

Y añade: “Dicen que es una pérdida de tiempo y esfuerzo, debido a la falta de poder del CORE para investigar, su falta de independencia del gobierno federal y -si se considera fundado un abuso- su incapacidad para obligar a una empresa a reparar el daño”.

Y cita a Catherine Coumans, coordinadora de investigación de MiningWatch Canada, quien afirma: “Desaconsejamos recurrir al CORE [ya que] en realidad podría agravar el daño que ya han sufrido, porque no tiene poderes para igualar realmente las condiciones con la empresa”.

El artículo completo en el periódico The Globe and Mail se puede leer en Hollow core: En 2018, Ottawa anunció un nuevo organismo de control para investigar los presuntos abusos de las multinacionales. Todavía no ha completado ni una sola investigación. The Globe fue al país petrolero peruano para ver los efectos de la falta de supervisión canadiense.

Frontera Energy celebrará su junta anual de accionistas virtual el jueves 18 de mayo de este año.

Seguimos la situación de los líderes sociales colombianos acompañados por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Corporación Social de Asesoría y Capacitación Comunitaria (COSPACC).